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    Consecuencias si se prohíbe el doble remolque

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    El 11 de octubre de 2022 fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el Artículo 51 BIS y se reforma el Artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la Diputada Lorena Piñón Rivera, y los Diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Leonel Godoy Rangel, para prohibir la circulación en carreteras y caminos del territorio nacional a unidades del transporte de carga con doble articulación, remolque y semirremolque.

    De acuerdo con la reforma al artículo 61, los autotransportes de carga de procedencia extranjera deben cumplir con las dimensiones establecidas para circular en las carreteras y caminos del territorio nacional descritas en el artículo 51 Bis de dicha Ley.

    La finalidad de esta iniciativa es eliminar el uso del transporte de doble remolque como una condición de seguridad para las personas que viajan en otras unidades y los transeúntes, así como de los mismos operadores de dichas unidades, estableciendo que, al convertirse en ley, haya un plazo de 12 meses para que salgan de circulación los doble remolque y los empresarios del autotransporte articulado puedan hacer las adecuaciones necesarias para operar.

    Al respecto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) manifestó que comparte el interés de quienes suscriben la mencionada iniciativa para contribuir a mejorar la seguridad vial en todas las carreteras, y con ello, garantizar la vida e integridad física de quienes las transitamos.

    Por tal razón, consideró que las acciones que emprendamos deben de atender las causas para que los resultados sean los esperados, afirmando que la seguridad no debe estar reñida con la competitividad, por lo que se debe avanzar en el justo equilibrio entre estos dos objetivos.

    En ese sentido, CANACAR lanzó un desplegado a nivel nacional para dar a conocer las siguientes consideraciones a efecto de que sean contempladas en las decisiones que habrá de tomar esa soberanía en relación con el planteamiento de la iniciativa de referencia:

    1- El autotransporte de carga es el principal modo de transporte de bienes y mercancías en nuestro País. Contribuye con el 3.2% del PIB Nacional, a través de él se mueve el 81% de la carga doméstica y genera alrededor de seis millones de empleos directos e indirectos.

    2- El 80% de los accidentes viales (11 mil 883) son atribuibles al factor humano; en el 62% participan los vehículos ligeros, y solo en el 5.2% de los eventos participa la configuración doblemente articulada, con el 2.7% de las lamentables víctimas.

    No obstante, que con esta configuración circulan en todo el País alrededor de 54 mil unidades, transportando aproximadamente 135 millones de toneladas de productos al año.

    3- Los vehículos son necesarios para hacer más eficiente la movilidad tanto de las personas como de las mercancías. Ninguno de ellos es inseguro por naturaleza, por ello, deben ser utilizados atendiendo a las disposiciones y normas establecidas para garantizar la seguridad. Nuestro País cuenta con un Marco Jurídico, Reglamentario y Normativo, de los más avanzados de granos, la industria automotriz; eso sin contar que todo el movimiento de los puertos marítimos, tanto de importación como de exportación, se realiza con esta configuración.

    4- Tal iniciativa va en contra de las medidas para contener la inflación.

    Con la sustitución del doble remolque por unidades sencillas, estimamos que impactará en un 30% más el costo del transporte.

    5- Se generaría un grave problema de desabasto, dado que actualmente existe un déficit de 54 mil operadores, éste fenómeno se incrementaría en todo el mundo, en el mismo se contemplan 28 diferentes configuraciones vehiculares. El doble semirremolque es la configuración que más requisitos contempla para su autorización.

    6- Prohibir la circulación del doble remolque en las actuales circunstancias, lejos de traer un beneficio en materia de seguridad, consideramos que la agravará y traerá perjuicios adicionales para los mexicanos.

    7- El doble remolque atiende segmentos tan importantes para nuestra economía como el de los hidrocarburos, alimentos, minerales, petroquímicos; además de que la industria automotriz de vehículos pesados no estaría en condiciones de satisfacer la demanda de camiones que se originaría.

    8- El costo de la “reconversión” de vehículos doble remolque a sencillos, estimamos que sería el equivalente al 1% del PIB.

    9- De aprobarse la iniciativa, lejos de mejorar la seguridad vial, se comprometería aún más ya que, efectivamente se “reduciría el 5.2% de los accidentes” y no se presentarían el 2.7% de las víctimas ocasionadas por esta configuración.

    10- Se incrementaría el parque vehicular en circulación, elevándose el riesgo de accidentes y afectando también al medio ambiente.

    Por las anteriores consideraciones, la cámara solicitó a los diputados convocar a una Mesa de Diálogo para analizar y definir acciones que realmente contribuyan a hacer del País una nación con estándares internacionales en materia de movilidad, seguridad y competitividad.

    A dicha petición se sumó la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.

    En respuesta, el diputado Ignacio Moreira Valdez argumentó que con el doble remolque se deteriora la infraestructura carretera debido al excesivo peso de las cajas, además de la facilidad con la que un camión con esta configuración tiende a voltearse al ejercer velocidad.

    Asimismo, señaló que las condiciones de los conductores de transporte pesado son deplorables, por las excesivas horas al frente del volante y la inseguridad que vive el País en las vías de comunicación.

    El diputado reiteró que, de aprobarse esta iniciativa, la eliminación de los fulles en las carreteras será de forma gradual para que las empresas de autotransporte de carga hagan las respectivas adecuaciones en sus flotas.

    Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de CANACAR, explicó que el tema de seguridad vial va más allá de prohibir una configuración para reducir accidentes, y se debe aplicar un marco normativo y reglamentario que está vigente.

    Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió posponer la discusión por un consenso entre los grupos parlamentarios, así lo indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.

    SENADO, SICT Y CANACAR INSTALAN MESA DE TRABAJO A FAVOR DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA

    El pasado 20 de octubre, se realizó una reunión con la senadora Lucía Meza Guzmán; Laura Nohémi Muñoz Benítez, directora general de Autotransporte Federal, y Ramón Medrano Ibarra, presidente de CANACAR, donde se comprometieron a sesionar de manera periódica para compartir propuestas y ejecutar acciones que permitan mejorar la seguridad y eficiencia del autotransporte de carga en el País, puntualmente en cuatro aspectos torales: seguridad e infraestructura carretera, armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, digitalización de trámites y marco normativo en torno al doble remolque.

    En el encuentro, Medrano Ibarra solicitó a la Senadora escuchar todas las voces y argumentos en torno a la iniciativa impulsada por Diputados que busca prohibir los vehículos con configuraciones doblemente articuladas.

    “Al prohibirse esta configuración, se requerirán 37 mil 100 tractocamiones nuevos y 106 mil semirremolques para transportar el volumen de mercancías que actualmente transportan los fulles, lo que también traería implicaciones en la movilidad, seguridad vial y medio ambiente”, abundó el líder de los transportistas.

    Sobre la iniciativa de eliminar el catálogo de delitos de la Prisión Preventiva Oficiosa, CANACAR argumentó que dicha medida traería nuevamente la oportunidad de caer en el proceso de la puerta giratoria; proteger a las víctimas y a sus familias de los agresores; evitar la reincidencia del delincuente y la comisión de otros delitos contra la sociedad, entre otros.

    En cuanto a los tiempos máximos de conducción y descansos para conductores de autotransporte de carga, iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero, la cámara solicitó atenta mente evaluar las condiciones de seguridad para que el conductor realice sus rutas y descansos para cumplir con los tiempos que se proponen, además de considerar que en México hay un déficit de 54 mil operadores, siendo la inseguridad uno de los principales factores para desistir de esta actividad.

    Asimismo, para la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), CANACAR pidió que se tome en cuenta la propuesta elaborada conforme a las conclusiones de los siete foros que se llevaron a cabo, con la participación de asociaciones, organizaciones civiles y funcionarios expertos en la materia, con el fin de contar con un marco jurídico adecuado.

    En todo lo anterior coincidió Muñoz Benítez, y agregó que la DGAF avanza con paso firme en materia de digitalización de trámites, como un primer paso para fortalecer la aplicación del marco normativo.

    En el encuentro también participaron José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo y Jorge Monroy Reus, vicepresidente Región Centro de CANACAR; Antonio Elola y Gustavo González, empresarios del autotransporte de carga; así como Carlos Salas, fundador de la Asociación de Grúas, Equipos y Dispositivos Industriales (AGEDI).

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